Plan de Soberanía Judicial y Eficiencia Procesal. Esta medida garantiza una separación real de poderes mediante la elección democrática de los órganos jurídicos y digitaliza la justicia para eliminar atascos. Introduce un marco de tolerancia cero con la corrupción (inhabilitación perpetua), endurece las penas por delitos graves y falta de seguro obligatorio, y apuesta por la justicia restaurativa y la profesionalización del jurado, asegurando que el sistema proteja a la víctima y responsabilice al infractor.
