Reforma del IBI Progresivo | Fiscalidad para Grandes Tenedores

Justicia Fiscal en Vivienda: Un IBI Progresivo y Equitativo

El acceso a la vivienda es un derecho que requiere medidas fiscales valientes. Esta iniciativa busca equilibrar el mercado inmobiliario mediante una fiscalidad inteligente que no penalice al ciudadano medio, sino que exija una mayor contribución a quienes poseen grandes carteras de inmuebles, fomentando así la puesta en alquiler o venta de dichas propiedades.

Ejes de la Reforma del IBI

• Criterio de Progresividad por Titularidad: El cálculo del IBI dejará de ser una tasa lineal. Se establecerán tramos impositivos que aumentarán de forma proporcional al número de inmuebles urbanos que figuren a nombre de un mismo titular (ya sea persona física o jurídica).

• Protección al Pequeño Propietario: Los ciudadanos que posean su vivienda habitual y una segunda residencia para uso personal o pequeño ahorro mantendrán los tipos impositivos actuales. La progresividad está diseñada para actuar a partir de un umbral que defina claramente la figura del gran tenedor.

• Recargos para Vivienda Vacía en Grandes Carteras: Se aplicarán tipos máximos a aquellas propiedades de grandes tenedores que permanezcan desocupadas sin causa justificada, con el fin de evitar la especulación y dinamizar el mercado de alquiler.

Beneficios para el Mercado y el Ciudadano

1. Aumento de la Oferta Habitacional: Al encarecer el mantenimiento de grandes carteras de viviendas vacías o infrautilizadas, se incentiva a los propietarios a poner esos inmuebles en el mercado, lo que contribuye a la moderación de los precios de compra y alquiler.

2. Reducción de la Carga Fiscal Ciudadana: La mayor recaudación proveniente de los grandes tenedores permite mantener o incluso reducir la presión fiscal sobre las familias y pequeños propietarios, asegurando que el IBI sea un impuesto más justo.

3. Transparencia y Control del Suelo: Este sistema obliga a una actualización constante del catastro y de la titularidad real de los bienes, permitiendo a las administraciones locales tener una visión clara del mercado inmobiliario para tomar mejores decisiones urbanísticas.

Esta medida representa un compromiso con la función social de la propiedad, utilizando la política fiscal como una herramienta para garantizar que el mercado de la vivienda sea accesible, dinámico y justo para todos los españoles.